El artículo informa sobre denuncias de que ataques estadounidenses durante el conflicto en Irán causaron daños a civiles e infraestructura civil, y se centra en las conclusiones de la ONU según las cuales los ataques en Minab y Lamerd podrían constituir crímenes de guerra. Expone los argumentos a favor de investigar las decisiones de selección de objetivos y la posible responsabilidad estatal e individual, señala el rechazo de Washington a las conclusiones y describe los llamados de figuras estadounidenses e internacionales a exigir responsabilidades. También analiza los vínculos establecidos entre estas denuncias, las salvaguardias para evitar daños a civiles, la guerra de Gaza y la oposición de la opinión pública estadounidense a los ataques contra infraestructura civil esencial.
El artículo informa sobre denuncias de que ataques estadounidenses durante el conflicto en Irán causaron daños a civiles e infraestructura civil, y se centra en las conclusiones de la ONU según las cuales los ataques en Minab y Lamerd podrían constituir crímenes de guerra. Expone los argumentos a favor de investigar las decisiones de selección de objetivos y la posible responsabilidad estatal e individual, señala el rechazo de Washington a las conclusiones y describe los llamados de figuras estadounidenses e internacionales a exigir responsabilidades. También analiza los vínculos establecidos entre estas denuncias, las salvaguardias para evitar daños a civiles, la guerra de Gaza y la oposición de la opinión pública estadounidense a los ataques contra infraestructura civil esencial.
El artículo sostiene que las denuncias de ataques estadounidenses contra civiles iraníes e infraestructura civil han aumentado la presión política y jurídica sobre Washington. Destaca la evaluación de una misión de investigación de la ONU según la cual los ataques denunciados contra una escuela para niñas en Minab y un complejo deportivo y una zona residencial en Lamerd podrían constituir crímenes de guerra y podrían haber violado el derecho internacional humanitario. Los expertos jurídicos citados en el artículo distinguen entre la posible responsabilidad penal individual y la posible responsabilidad internacional de Estados Unidos, y subrayan la necesidad de examinar las decisiones de selección de objetivos, la información de inteligencia, las precauciones adoptadas y el conocimiento que tenían los comandantes de los riesgos para la población civil.
El artículo también informa sobre las críticas de veteranos estadounidenses, legisladores, juristas y analistas, quienes piden investigaciones del Congreso y pesquisas independientes. Washington rechazó o desestimó las conclusiones de la ONU, mientras que el Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que sus propias investigaciones continuaban. El informe vincula además la presunta conducta con preocupaciones más amplias sobre el debilitamiento de las salvaguardias para evitar daños a civiles, la impunidad percibida en la guerra de Gaza y la erosión de las instituciones jurídicas internacionales. Por último, cita una encuesta de opinión pública estadounidense en la que una mayoría se opuso a atacar deliberadamente infraestructura civil esencial, aunque señala una importante división partidista. El artículo concluye que las investigaciones independientes y una rendición de cuentas efectiva pondrán a prueba la credibilidad del derecho internacional humanitario.